El PP desmantela el Estado de Bienestar


Si alguien me hubiera dicho hace doce meses que a estas alturas del año íbamos a estar así habría dicho que no. Sabía con el PP en el Gobierno los recortes se iban a volcar en los derechos y prestaciones sociales de los ciudadanos pero, ingenuo yo, no pensaba que llegarían tan lejos. Lo que el Gobierno comenzó planteando como unas “reformas” se han transformado en una serie de medidas que pretenden el cambio absoluto de nuestro sistema de bienestar social. Se ha pasado de camuflar los recortes de derechos en los llamados “ajustes” que tenían por objetivo, según el Gobierno, cuadrar el déficit presupuestario a promulgar medidas a cara descubierta que desmantelan el mal llamado Estado de Bienestar. Este proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar no pueden decir que es algo económico, el trasfondo ideológico es tan evidente que negarlo sería un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

En los últimos días hemos vivido como, desde el Gobierno, se ha actuado directamente sobre 3 de los grandes pilares del Estado de Bienestar: la educación, la sanidad y la justicia. El cuarto pilar, la dependencia, ha sufrido recortes tan fuertes que simplemente ha dejado de existir en su práctica.

La reforma educativa planteada por el Ministro Wert plantea un retroceso histórico sin igual en cuanto a contenidos con la imposición de la religión como asignatura obligatoria y la cuestión del idioma catalán. Además abre este servicio a la mercantilización total del derecho la educación recogido en la propia Constitución con la potenciación de la educación concertada. Los grandes beneficiados son esta modalidad de colegios (privado/concertados) y, por supuesto, la Iglesia por partida doble: en cuanto a la asignatura religión y por ser propietaria de la mayoría de estos colegios en España (ver “Educando como dios manda“) . La reforma pretende lo que ha pasado toda la vida: que los ricos estudien en los colegios con más recursos dejando la enseñanza pública semidesmantelada y sin instrumentos para los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Igual se podría decir de la Sanidad. Con Mato hemos pasado de “realizar el copago para garantizar la gratuidad del sistema” (ver “10 razones, de las miles de existentes, para oponerse al copago sanitario“) y dejar fuera de la cobertura sanitaria a los inmigrantes a encontrarnos en estos días que se impone el copago hospitalario a fármacos contra el cáncer, osteoporosis o artritis y al del transporte sanitario no urgente. Todo ello al mismo tiempo que en el laboratorio de pruebas del PP, la Comunidad de Madrid, se produce una privatización sin precedentes del sistema sanitario. Esta privatización se realiza en función del dogma de las supuestas bondades de la gestión privada, cuando no existen pruebas reales de que esto sea así sino al contrario, como el caso del hospital de Alzira (ver “El modelo del hospital de Alzira“). Lo que hay detrás de este proceso privatizador son intereses económicos y empresariales de grupos que quieren hacerse con el control de los servicios sanitarios sabedores del negocio que supone. Cuando el dinero está por encima de la salud de las personas no se puede garantizar el derecho a la protección de la salud recogida en la Constitución.

El siguiente pilar del Estado de bienestar que se pretende derrocar es la justicia. Para ello el Ministro Gallardón ha impuesto el “tasazo judicial”. De esta manera la justicia pasará de ser un derecho a un lujo que en estos momentos de crisis no todo el mundo podrá permitirse. Por ejemplo si se da el caso de perder en primera instancia un juicio sobre grado de discapacidad, reconocimiento de una incapacidad permanente o la impugnación de un alta médica y se debe recurrir al Tribunal Superior de la Autonomía correspondiente, se deberá pagar, sólo en concepto de tasas, 500 euros por un recurso de suplicación o 750 por uno de casación. Estas tasas judiciales atentan directamente contra el derecho ciudadano de obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, recogido en el artículo 24,1 de la Constitución. De esta manera se crea una justicia “para ricos” a la que las personas con menos recursos no podrán acceder. En un momento de crisis total en el que empresas, grandes multinacionales y corporaciones apuran la ley hasta el límite, éstas podrán cometer todo tipo de abusos con la seguridad de que muchas personas no podrán acudir a juicio al no poder costearlo. De esta manera el objetivo último de las tasas judiciales es garantizar la posición de los más poderosos dejando a una parte importante de la población en absoluta indefensión. Esta población no podrá acudir a defender sus derechos ante las injusticias que aquellos con más recursos puedan cometer contra ellos.

Para realizar estos cambios radicales previamente el PP ha realizado su labor mediática de desprestigiar a todos los colectivos que componen estos sectores, echándoles encima la opinión pública con una retahíla de mentiras sobre supuestos privilegios laborales. Todos conocemos los piropos que Esperanza Aguirre dedicó a los maestros, las acusaciones de privilegios hacia los médicos y personal sanitario que se han lanzado en los últimos días o la afirmación de Gallardón sobre los jueces “¿Cómo no van a protestar los jueces si les hemos quitado la paga extra y reducido seis días de asuntos propios?”. La caverna mediática ultracentrista está funcionando a todo ritmo y las acusaciones contra estos colectivos de profesionales es insultante e indignante

Resulta llamativo que aquellos que no paran de afirmar que “el Estado no puede permitirse esta sanidad pública”, que sólo hablan mal de la educación pública y denuncian el mal funcionamiento de la justicia sean los mismos que se pueden costear una sanidad privada, llevan a sus hijos a colegios privados y no tendrían problemas en pagar un proceso judicial llegando al Tribunal Supremo. Yo personalmente estaría más tranquilo sabiendo que mi hijo recibe la educación de los estupendos profesionales que integran la educación pública (y su #mareaverde), si tuviera que recibir tratamiento médico de manos del cualificado personal sanitario público (y su #mareablanca) y si pudiera acudir sin trabas económicas a defender mis derechos ante los profesionales jueces de este país. Es más, me siento orgulloso de ver como están defendiendo sus derechos y los de todos sus ciudadanos con sus manifestaciones y movilizaciones.

Para este efectivo desmantelamiento del Estado Bienestar nos piden compresión por la situación de crisis actual. Que sí no hay otra opción, que si la herencia de ZP… pero ya no engañan a nadie. No es una cuestión económica sino ideológica, de defensa de los intereses de los más poderosos. Ya no creemos las mentiras de este Gobierno, por más que Gallardón afirme que “Gobernar a veces es repartir dolor”. No señor Ministro, la base de la acción de Gobierno es buscar y hacer del bien común. En su acepción de la RAE hacer el bien a alguien es socorrerlo, beneficiarlo y no perjudicarlo para beneficiar a grupos e intereses determinados: los poderosos, ricos y élite económica de siempre. Eso debe hacer su Gobierno buscar el bien de todos los ciudadanos, socorrerlos en esta difícil situación económica, beneficiarlos con políticas sociales justas y distributivas. Aunque eso, seguramente, no sea posible porque choca frontalmente contra la ideología neoliberal de este Gobierno meapilas de Mariano Rajoy.

Anuncios

Un comentario en “El PP desmantela el Estado de Bienestar

Escribe aqui

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s