Uno, dos, tres escraches, es la consigna


Vivimos una sociedad hipócrita que dice formar a ciudadanos responsables y críticos pero en el momento que aparecen ejerciendo esa responsabilidad, criticando el sistema y pidiendo justicia se les criminaliza y desacredita de las formas más viles. No debes salirte de la línea que marca el Poder. Un Poder que se encarga de legislar conforme a sus intereses y que todos debemos obedecer para ser buenos y dóciles ciudadanos. ¿O no?

Ante la difícil situación económica, política y social se está viviendo un aumento en la conflictividad social, que no violencia. Las respuestas de la ciudadanía articuladas en diferentes colectivos y plataformas es cada vez más enérgica ante la falta de respuesta de un Gobierno y la toma de decisiones arbitraria que favorece a intereses que no son precisamente los de la mayoría de la sociedad a la que dice representar, sino los del poder económico y financiero. Es entonces cuando aparecen en los medios discursos y editoriales contra toda forma de protesta que altere el orden vigente, criminalizándolas y situándolos fuera de los márgenes de lo que se puede permitir. Igualmente aparecen políticos que tildan estas movilizaciones de ilegales con el objetivo de deslegitimar la causa de sus reivindicaciones. Se cierra el círculo poder económico, político y mediático todos a una.

Pero lo que yo me pregunto es qué debe hacer la ciudadanía ante una legalidad manifiestamente injusta y unos representantes más interesados en atender los privilegios del lobby bancario y financiero que las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Porque la legalidad no tiene que ser justicia. La legalidad es aquello que se hace al amparo de la ley, del derecho, mientras que la justicia se fundamenta en el terreno de la moralidad y los valores. Lo ideal es que con la labor de la ley se garanticen los principios que son la base de la justicia, este es el caso de los Estados Democráticos, pero cuando eso no sucede ¿qué se puede hacer? Porque la ley no tiene legitimidad por sí misma. Si el derecho se fundamentara en sí mismo caeríamos en un formalismo jurídico kelseniano que nos llevaría a situaciones realmente terribles. Amparados en la ley se han cometido los mayores crímenes de la historia y configurado los regímenes totalitarios más atroces. Es por ello que cuando aparece cualquier miembro del Gobierno diciendo que esta protesta es o no legal, escudándose en la ley para mantener un status quo injusto y que no responde a las necesidades de la sociedad, me pregunto si debemos permanecer pasivos sin más.

Pues no. Ante la injusticia, por más que esté revestida de las mayores de las legalidades, cabe una salida: la desobediencia civil. Los mayores cambios, transformaciones y avances sociales se han producido gracias a estrategias, acciones y actos de desobediencia civil (que tienen su arraigo doctrinal desde Tomás de Aquino a Henry David Thoreau , pasando por la práctica de Gandhi o Martin Luther King) que plantaron cara a la legalidad y al poder establecido. Si un Gobierno obra de espaldas a la ciudadanía, ésta se encuentra legitimada para actuar desobedeciendo normas injustas que favorecen a unos grupos políticos y sociales determinados. Se trata de promover cambios sociales y políticos mediante la insumisión a un Poder que actúa injustamente contra sus ciudadanos. Por supuesto, no hay que decir, que entendiendo la desobediencia desde la no violencia y el máximo respeto a todas las personas y sus ideas, pero no por ello menos firme, consistente y enérgica.

En España, el PP se desgarra las vestiduras contra las manifestaciones que día tras día realizan los ciudadanos y ciudadanas en toda España. Su discurso de garantes de la legalidad, la Constitución y la democracia no admite contrastación con su acción de gobierno. Resultar el partido más votado en unas elecciones, le habilita para formar Gobierno, le reviste de legitimidad democrática pero no le otorga derecho de pernada. Hay muchos políticos que no han entendido esto, que la democracia trasciende del mero hecho del ejercicio del voto. Ganar unas elecciones y no consultar ni palpar el sentir de la sociedad hasta los próximos 4 años no es democracia. Hay que salir a la calle, participar de la vida en sociedad, vivir sus problemas en asociaciones, plataformas… y sobre todo escuchar a la gente y representar verdaderamente sus intereses y no los de poder financiero.

De eso tratan los escraches. Un acto de desobediencia civil para que los diputados vean de cerca la realidad de los desahucios en España. Se dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y eso ha hecho la PAH con Ada Colau a la cabeza. Con estas acciones han aumentado la presión de una clase política acomodada a la que, por primera vez, la ciudadanía pide responsabilidades sobre sus actuaciones. Sólo es eso. Mientras, el poder les bombardea con todo su arsenal y se les llama terrorista, acosadores, violentos, o compara con grupos fascistas desde unos medios periodísticos serviles que han elaborado un discurso que pretende hacer mella en la opinión pública y actuar sobre la base de su apoyo popular en una campaña de acoso y derribo mediático sin precedentes.

profe

Como en el caso de Sánchez Gordillo y el Mercadona, les señalas la luna y miran el dedo. La verdadera violencia no son las pegatinas verdes y un grupo de personas en la puerta de González Pons o Soraya Saénz de Santamaría. Lo violento son los miles de desahucios realizados y la cantidad de familias que se han quedado en la calle mientras los bancos engordaban sus balances inmobiliarios. Si realmente queremos un cambio hacen falta más actos de desobediencia civil. Parafraseando al Che debemos crear uno, dos, tres escraches, es la consigna. Se trata de una cuestión de justicia.

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