Depende ¿De qué depende?


Nadie está a salvo de ser dependiente.

Cada vez que este Gobierno habla de racionalizar o garantizar la sostenibilidad de un servicio determinado está decretando su sentencia de muerte. Ese uso eufemístico de enunciar los recortes indicando una cosa que implica la contraria ha sido norma generalizada en el discurso del PP. Por poner algún ejemplo recordemos como para garantizar la universalidad del sistema sanitario se deja fuera de cobertura a los inmigrantes, o para mantener la gratuidad de los medicamentos se impone el copago.

Ahora ese uso lo encontramos en el Plan Nacional de Reformas para referirse al Sistema Nacional de Dependencia. Así define el objetivo del Gobierno de “racionalizar y modernizar los servicios prestados, garantizando su sostenibilidad” promoviendo un recorte total superior a 1100 millones de Euros. El recorte de esta cuantía supondrá la puntilla al hachazo realizado por el decreto de julio de 2012.

Si la aprobación de la Ley de Dependencia fue un hito en el ámbito de la lucha por la protección de la salud y la discapacidad, suponiendo su tipificación como derecho social de todas las personas que sufrían esa situación, la situación actual, de paralización, y futura, de práctica desaparición, suponen la derogación por inanición de uno de los pilares del Estado del Bienestar.

Lo curioso de todo esto es que, si bien cuando se aprobó la ley fue anunciada a bombo y platillo por los partidos y medios de comunicación, su derogación encubierta se está haciendo poco a poco, paso a paso, sigilosamente, de forma silenciosa y sin ningún tipo repercusión mediática. Así desde julio de 2012 hay 24000 beneficiarios menos en España, no se mantiene la tasa de reposición, y la lista de espera se va agrandando. Es lo que se ha dado a llamar “el limbo de la dependencia” en el que se encuentran cientos de miles de personas dependientes que esperan que se haga efectivo el derecho reconocido asignándoles una prestación o servicio. Y según parece ahí quedarán, justificándose en criterios económicos están dejando de aplicar la ley por encima de la vida de las personas. De esta manera las ciudadanas y ciudadanos pasamos a ser simplemente meros objetos económicos, mercancías y apuntes contables.

No obstante, no debemos olvidar que las medidas consagradas en la ley de la dependencia son DERECHOS. Derechos de la ciudadanía y cuya naturaleza está por encima de crisis y ciclos económicos, que no pueden ser aplicados o no en función de una coyuntura económica determinada. Comentaba una amiga en una conferencia un símil para que nos hiciéramos una idea de la gravedad del asunto: “Esto es muy simple, es igual que si nuestros dirigentes pensaran de pronto que las papeletas electorales suponen un coste elevado y para ahorrar dinero, dada la coyuntura económica, se decidiera imprimir sólo la mitad de la papeletas en la elecciones y que sólo votaran los hombres”. La ley está para cumplirse y los derechos deben de garantizarse y no dejarse a la suerte de un voluntarismo que dependa de indicadores económicos.

Hablamos de derechos que deben ser garantizados por un Gobierno que, precisamente, es el que se empeña en abolirlos. Si este Gobierno quiere quitarla porque sus “principios ideológicos” así lo dicen debería tener al menos el coraje político de salir de su pantalla de plasma, derogar la ley y no dejarla morir como están haciendo. Decirles a la cara a las personas dependientes y a sus familiares que se acabó, que eso de la dependencia era una cosa de épocas pasadas y que suponía “vivir por encima de nuestras posibilidades”. Es de una hipocresía supina que este Gobierno que defiende con tanta energía los derechos del, como ellos dicen, nasciturus se los nieguen en el momento de su nacimiento. Es más, defiende incluso que la malformación del feto no sea supuesto para abortar. Típica moral meapilas de la derecha española que defiende el nacimiento con todas las consecuencias pero una vez nacido el bebé le niega una vida digna.

No deja de ser terriblemente paradójico que la persona encargada de sentenciar la ley de dependencia se apellide Mato. Pero eso es lo que está pasando en estos momentos, las personas están muriendo porque no pueden ser atendidas debidamente. Llegados a este punto debemos pararnos por un momento y preguntarnos ¿Es ésta la sociedad que queremos? ¿Una sociedad que abandona a las personas que más lo necesitan? Hablamos de algo que profundiza y tiene sus raíces en el fundamento propio de las relaciones humanas. De un cambio de modelo social y de entender la realidad. Debemos promover un modelo social responsable, humano y empático donde las personas estén por encima de los apuntes macroeconómicos frente al modelo de sociedad competitiva, desigual, injusta en el que premia ley de la selva.

Porque reivindicar los derechos de las personas dependientes supone luchar por un modelo de sociedad más justa, solidaria y que integra a sus miembros más débiles en condiciones de igualdad de derechos y oportunidades. Ante el ataque que están sufriendo sus derechos no podemos permanecer inmóviles. Debemos decantarnos, debemos actuar.

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