Responsabilidad y política para tiempos modernos


El fraude y la corrupción son situados por los ciudadanos entre los principales problemas de España en todos los sondeos realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde el año 2013 (en segundo lugar hasta el último barómetro, en el que ocupa el tercero). Estos mismos estudios de opinión muestran como han incrementado exponencialmente el número de personas que señalan a los políticos y los partidos entre las grandes preocupaciones de los españoles (segundo lugar en el último CIS). Este hecho podría tratar de explicarse desde un punto de vista coyuntural, considerando que esta percepción ciudadana sobre la corrupción y los políticos se ve agravada en periodos de crisis económicas. Pero, sin hacer de menos este factor explicativo y asumiendo que esta relación pueda existir, no puede negarse que, al mismo tiempo que se ha producido un aumento del interés por la política y una toma de conciencia ante los problemas relacionados con la vida pública, se ha producido un aumento de los escándalos de corrupción que han aparecido en prensa y, por consiguiente, han sido conocidos por los ciudadanos.

En este estadio, y fruto de la indignación, arranca un proceso de toma de conciencia colectiva que exige cambios en la manera de gobernar los asuntos públicos en este país. Los ciudadanos perciben que los gobernantes han actuado más en función de sus propios intereses que movidos por la vocación de servicio público que debe justificar toda acción política. Ven a los políticos como una élite extractiva alejada de la realidad de los problemas de la gente. Precisamente sobre este aspecto fue sobre el que se edificó el concepto de casta, lo que explica por qué se propagó con tanto éxito.

En la actualidad, estamos en pleno proceso de acoplamiento y adaptación entre, por un lado, las demandas ciudadanas que promueven una forma de hacer política que conlleva regeneración democrática, rendición de cuentas, transparencia, más participación y fiscalización en los asuntos públicos y, por otro, las antiguas estructuras de los partidos políticos que se mueven en otras coordenadas de juegos de poder internos y de resistencia al cambio, propio de organizaciones burocratizadas y antiguas. Esta realidad se manifiesta, no ya en la interminable lista de casos de corrupción que florecen a diario en los medios y que son producto de años atrás de acciones de gobierno que fueron realizadas lejos de los ojos del escrutinio público, sino en la respuesta que todas las organizaciones políticas dan ante los mismos. Ese es el problema.

Es absolutamente inaceptable el encubrimiento de las malas prácticas, la defensa a ultranza del compañero sólo por su pasado de trabajo y logros electorales en el partido o el mirar para otro lado cuando ocurren cosas difícilmente justificables bajo la lupa de la ética pública. Existen ejemplos de toda índole, en todas partes de España y en todos los partidos, pero eso no quiere decir que porque sea generalizado se puede ser más condescendiente antes este tipo de actos. No.

Nuestros representantes deben asumir e interiorizar como algo propio que, además tener un comportamiento ejemplar en la gestión pública, tienen que informar a los ciudadanos y dar explicaciones sobre sus actuaciones públicas. Y no sólo eso. Deben rendir cuentas. Es decir, además de explicar e informar, están obligados a enfrentarse a las consecuencias que puedan derivarse de esos hechos. No basta con un “Lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Se trata de la tan comentada responsabilidad política, exigida cuando se trata de los adversarios y atenuada o negada cuando aparece en nuestro lado. Y ni la responsabilidad política ni las acciones fraudulentas se depuran con victorias electorales. Eso es un argumento falaz y ventajista. La asunción de responsabilidad política se hace dimitiendo, que la vida no se acaba dejando la política, aunque en España parezca que dimitir sea un nombre ruso.

Nuestros políticos deben entender que los tiempos cambian y que su adaptación a las nuevas exigencias ciudadanas es algo obligatorio para la propia supervivencia del sistema de partidos. Lo contrario solo acrecentaría la desafección y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y nuestros representantes. Alejaría a los ciudadanos de la política. No ajustarse a estas demandas sociales podría tener un resultado perverso, alimentándose la antipolítica y el crecimiento de partidos de ultraderecha, como estamos viendo en muchos países de Europa. La solución está en sus manos, pero, sobre todo, en el nivel de exigencia ética y en la fiscalización que debemos de realizar los ciudadanos sobre sus actuaciones en la esfera política. Es su responsabilidad, pero también es nuestra obligación.

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