El derecho a reinvindicar la aconfesionalidad del Estado


Según la RAE aconfesionalidad significa “Que no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión religiosa”. Esta no adscripción religiosa del Estado se recoge en nuestra Constitución cuando se garantiza la aconfesionalidad del Estado en su artículo 16.3. No obstante, el mismo artículo establece que dicha circunstancia tendrá en consideración “las creencias religiosas de la sociedad española”, como no podría ser de otra manera, y manteniendo relaciones de “relaciones de cooperación con la Iglesia Católica”, al ser mayoritaria en nuestro país, además de “otras confesiones”.

Este postulado constitucional viene a cambiar la relación anterior del Estado nacional-católico del fascismo, quedándose a medio camino del Estado laico de la Republica. Una situación que describe perfectamente la transición española cuando, al igual que en este en otros ámbitos, se proponen leves cambios cosméticos sin profundizar realmente en propuestas de transformaciones políticas de calado.

Así, la realidad es que esa aconfesionalidad que promulga nuestra Constitución es algo inexistente en España de facto. Lo que existe es una sumisión absoluta del Estado a la confesión católica. Desligar religión y política, ha sido un proceso largo de siglos de lucha en la historia de los paises occidentales. Este proceso de secularización siempre encontró fuerte resistencia en España, dónde la religión católica siempre ocupó un espacio de poder preeminente en la esfera pública (con una fuerte vinculación política) al que se aferró con fuerza, aunque ello supusiera abrazar y ser sustento de un represivo y criminal régimen fascista para conservar su estatus. Ni la Constitución ni los posteriores acuerdos con el Vaticano, cambiaron esa circunstancia de privilegio.

Sólo así puede interpretarse la cantidad de elementos que relacionan, por ejemplo, la semana santa con el Estado y con la política: representantes políticos junto a miembros de la policía, guardia civil o, incluso, la legión desfilando delante de procesiones; presos indultados porque lo decide una cofradía; banderas nacionales a media asta en los cuarteles del ejército por la muerte de Cristo en jueves santo; bandas que tocan himnos patrióticos cuando una imagen sale de su templo (que alguien me explique el motivo de tal cosa); ministros condecorando Vírgenes, Cristos que son alcaldes perpetuos de ciudades o, directamente, simbología de carácter fascista, como fajines franquistas en imágenes religiosas (aquí hay un interesante artículo al respecto ), se pasean por nuestras calles en un evento que se supone que tiene un mero carácter religioso. La realidad, al contrario, dibuja la escenificación más evidente de la quiebra de la confesionalidad constitucional del Estado y la relación de la Iglesia con lo más rancio y antidemocrático de nuestra historia reciente.

Cuando hablas de ello con cualquier persona de creencias católicas se escudan en la tradición y en el respeto a su libertad religiosa. Lo segundo es algo obvio, faltaría más. Lo primero es menos comprensible. Lo llaman tradición, como una práctica costumbrista arraigada a lo largo del tiempo. Pero la verdad es que la palabra tradición es utilizada como argumento que evita cuestionar y debatir de manera racional el acontecer de los hechos descritos simplemente porque siempre ha sido así. Amparados en el nombre de la tradición se pueden cometer auténticas barbaridades. La tradición es algo necesario como elemento imprescindible de configuración de la memoria colectiva, pero fuera de su análisis racional es un palo en la rueda del progreso de los pueblos que normalmente esconde situaciones de privilegios a favor de una élite o sector de población determinado. Cuestionarse los propios privilegios, ya sea este ámbito o cualquier otro, siempre genera resistencias, pero no por ello dejan de existir ni deben de evitarse o de luchar contra ellos. El problema es cuando opinar sobre su existencia es entendido por un colectivo determinado como un ataque a sus creencias. Y no es así. En España se fuerzan debates dicotómicos del “conmigo o contra mí” con demasiada facilidad, no dejando espacio para las sutilezas del raciocinio más elemental de los tonos grises. Quizás simplemente sea porque a mucha gente no le conviene.

Entiendo y respeto profundamente el sentido religioso que le dan a la semana santa los católicos y, por supuesto, a todo su credo. Pero también pido respeto para aquellos que no lo son y que ven cómo estos días (y otros muchos del calendario) no sólo suponen una desmesurada apropiación del espacio público y la demostración evidente de la subyugación del poder político (que representa a todos) frente a la religión católica (que representa a muchos, pero no a todos), sino que en muchas ocasiones ni siquiera pueden decir lo que piensan bajo la amenaza del reproche social de ser calificados de intolerantes o, simplemente, de anticatólicos. Pedir un trato igual no es ir contra nadie, significa solamente que el respeto exista en todas las direcciones. Se trata de reclamar que se cumpla el precepto constitucional de aconfesionalidad. Reivindicar lo político por encima de los religioso.

Esta situación que se nos muestra más obvia en semana santa se produce de manera más sutil en otros espacios y niveles, pero siempre con el mismo resultado de balanza inclinada a favor de la Iglesia frente al poder político. Así, si el debate lo llevas ya a otros terrenos como el de la educación o los impuestos, subvenciones e inmatriculaciones de la Iglesia estás perdido. Ya se sabe que proponer valores como la igualdad o la solidaridad en el colegio suponen un oscuro adoctrinamiento para los escolares, pedir la perdida de privilegios fiscales de la Iglesia te convierte en un peligroso anticlerical, mientras que sacar a los niños delante de imágenes religiosas o transmitirles aquello de “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva” es el libre ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Y si nos referimos a cuestiones patrimoniales o exenciones fiscales…eso ya es sagrado.

 

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